Sep 102019
 
indra

Estimados Compañeras y Compañeros:

Ante las noticias aparecidas últimamente en varios medios de comunicación sobre la imputación de Indra en el caso “Púnica”, desde co.bas, queremos trasladaros varias reflexiones que consideramos importantes y que no queremos que pasen desapercibidas como muchos pretenden.

Siempre desde la prudencia ante procedimientos abiertos en los que ya iremos viendo cómo se van resolviendo y cómo afectarán a Indra, pero con la contundencia que nos provoca la indignación ante los ya demasiados escándalos que salpican a nuestra empresa que, en lugar de redistribuir el beneficio de nuestro trabajo de una forma más justa, parece que sirve para corromper nuestras instituciones y enriquecer a directivos y directivas, poniendo en peligro la viabilidad de nuestra empresa y sus 47.000 trabajadores.

  • Está claro que la actual dirección de la empresa quiere descargar ahora toda culpa a los anteriores gestores de estos escándalos. Antes, la descargaron con los trabajadores y trabajadoras con el ERE que nosotros tildamos como “El ERE de la corrupción” y que fue firmado por CCOO, UGT, USO y STC. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras, somos los principales afectados por estas situaciones de las que no somos responsables.
  • Cambia el rey y cambian los “caballeros” de la mesa redonda para que no cambie nada, intentando eludir la responsabilidad que tienen que, desde nuestro punto de vista, se ha de depurar. No solamente porque los directivos imputados han recibido la friolera cantidad de 30 millones de euros en estos años, que deberían devolver si se les condena, sino porque se mantuvo casi tres años a una de las personas clave en la trama presuntamente y le han seguido pagando posteriormente la cláusula de no concurrencia.
  • En relación con el Código Ético y de Cumplimiento Legal, el único caso que nos consta que se dirigió a través del Canal Directo al Comité de Seguimiento del Código Ético y de Conducta Profesional sobre una posible irregularidad en proyectos del CTTI de la Generalitat de Catalunya, acabó en un despido improcedente después de dos años de malas evaluaciones, cuando anteriormente las había tenido excelentes. Este comité resolvió la denuncia con el siguiente texto:

“Tras analizar toda la información obtenida en estas actuaciones (declaraciones y documental fundamentalmente), entendemos que no existen evidencias suficientes sobre la ocurrencia de las situaciones trasmitidas. No obstante, valoramos que existen indicios de algunas irregularidades en el proyecto relacionas con las situaciones trasmitidas, por lo que hemos transmitido a los profesionales involucrados que estas situaciones no pueden tener lugar y que procederemos a abrir nuevo expediente en relación con este u otros proyectos si advertimos otras posibles irregularidades.”

Es decir, que no pero que sí y que estarán atentos.

La Representación de los Trabajadores ni ha participado en la elaboración de ese código ético y de cumplimiento legal ni forma parte del comité de seguimiento. Tampoco en el perfeccionamiento y refuerzo desde el 2015, así que parece que tenemos al zorro vigilando el gallinero. En ese caso, nos dirigimos a la empresa, y aún estamos esperando respuesta a las solicitudes que les trasladamos… como con todas. Al menos, han entregado al Juzgado la información de las investigaciones de la unidad de cumplimiento, pero a nosotros, como Representación de los Trabajadores reconocidos por la propia Constitución, ni colaboran ni tienen iniciativa alguna que no sea para que los “firmalotodo” le legitimen lo que necesitan.

  • Indra aceptó una condena por delito fiscal a cambio de una multa y de la pérdida de posibilidades de obtener subvenciones durante 9 meses para evitar una condena mucho más perjudicial. No es de extrañar que tengan absoluta confianza en la Justicia con todas las posibilidades creativas que les da la ingeniería jurídica, pero sería mejor no caer en tentaciones y respetar la legalidad, también con los trabajadores y trabajadoras. Que una empresa privatizada con una motivación y forma muy cuestionables, cuyo principal accionista es el Estado, no debería tener este tipo de directivos por el daño que provocan o, como mínimo, debería estar sometida a un mayor control.
  • Igual que se ha contratado a Indra para mejorar la imagen de miembros del Gobierno autonómico de Madrid del PP y contrarrestar informaciones negativas sobre ellos, nos preguntamos si también han sido “contratados” para deteriorar la imagen de los adversarios políticos de esa “organización criminal” desde las cloacas del Estado.
  • Hemos solicitado una reunión con el actual presidente Fernando Abril-Martorell para que informe a la RLT directamente de este gravísimo tema. Entendemos que es absolutamente insuficiente la nota que recibimos todos los trabajadores en el correo de Indra.

Lo importante realmente es que no volvamos a ver más casos de esta calaña que salpique a nuestra empresa con un Código Ético y de Cumplimiento Legal y un Comité de Seguimiento dónde participe la Representación Legal de los Trabajadores.

Los trabajadores y trabajadoras seguimos trabajando intentando dar el mejor servicio a nuestros clientes, aunque no nos sirva ni para mantener el poder adquisitivo por la congelación salarial.

Lo que nos quitan de nuestro poder adquisitivo, por la compensación y absorción de nuestra antigüedad, por la realización de horas que no nos pagan, por aceptar funciones que no corresponden a nuestra categoría, por falta de carrera profesional, por una formación deficitaria, etc… ni estimula ni motiva con el impacto que tiene en la productividad, y no se puede sustituir por programas de transformación cultural ni por campañas de marketing interno para conseguirlo. Si, además, toda esa riqueza se utiliza para esto, no será de extrañar que vengan otros tipos de problemas.

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